El Sector
Transformación Digital Del Estado Con Seguridad Jurídica
La transformación digital del Estado peruano avanza de forma acelerada. Los ciudadanos exigen servicios públicos disponibles en línea, los organismos reguladores impulsan la firma electrónica en los actos administrativos, y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) establece lineamientos que las entidades públicas deben cumplir en materia de identidad digital e infraestructura tecnológica segura.
PeruSecurity ha participado en proyectos de transformación digital en ministerios, municipalidades, organismos reguladores y empresas del Estado, aportando la infraestructura de seguridad digital necesaria para que los actos administrativos electrónicos tengan plena validez legal y los servicios ciudadanos operen con la disponibilidad que el sector público exige.
Retos De Seguridad Específicos Del Sector Público
Firma electrónica de actos administrativos — Las resoluciones, directivas, contratos, certificados y documentos oficiales que las entidades públicas emiten deben contar con firma digital IOFE para tener validez legal en el entorno electrónico, conforme al Decreto Legislativo 1310 y la Ley 27269. Muchas entidades emiten cientos o miles de documentos por mes que deben ser firmados digitalmente.
Protección de portales de servicios ciudadanos — Los portales web del Estado que atienden a los ciudadanos procesan datos personales sensibles y deben operar con HTTPS activo, certificados SSL válidos y protección contra malware y ataques. Un incidente de seguridad en un portal público tiene impacto mediático y reputacional inmediato para la institución.
Identidad digital de funcionarios — Los funcionarios públicos que firman documentos oficiales, aprueban expedientes o acceden a sistemas de información del Estado requieren certificados digitales que acrediten tanto su identidad personal como su vinculación a la entidad pública en la que ejercen sus funciones.
Cumplimiento de la IOFE y normativa INDECOPI — Los certificados digitales utilizados en actos administrativos electrónicos deben ser emitidos por una Entidad de Certificación acreditada bajo la IOFE ante INDECOPI. El incumplimiento invalida la firma y puede generar nulidad de los actos administrativos.
Contratación pública electrónica — OSCE y SEACE — Los procesos de contratación pública a través del SEACE requieren que los representantes de proveedores y funcionarios de entidades contratantes cuenten con firma digital válida para suscribir contratos, actas y documentos del proceso.
Nuestras Soluciones Para El Sector Público
Firma Digital IOFE para funcionarios — Certificados Camerfirma de vinculación a entidad para funcionarios públicos que firman resoluciones, contratos y actos administrativos en nombre de la institución. Plena validez legal ante INDECOPI, SUNAT, OSCE y el Poder Judicial.
Agente Automatizado para emisión masiva — Certificado de agente automatizado para que los sistemas informáticos de la entidad firmen digitalmente resoluciones, notificaciones, certificados y documentos oficiales de forma masiva sin intervención humana en cada operación. Ideal para entidades que emiten cientos o miles de documentos diarios.
Sellado de Tiempo TSA para fecha cierta — El servicio TSA de Camerfirma añade una marca temporal criptográfica certificada a cada documento firmado, acreditando su existencia en un momento preciso e irrefutable. Indispensable para actos administrativos donde la fecha tiene relevancia jurídica.
Certificados SSL OV para portales públicos — Certificados SSL de Validación de Organización para portales web del Estado, que muestran el nombre verificado de la entidad pública en el navegador y garantizan cifrado de las comunicaciones con los ciudadanos.
SiteLock para protección de portales ciudadanos — Escaneo continuo de malware, firewall WAF y monitoreo de reputación para portales de servicios al ciudadano. Previene la inyección de código malicioso, protege los datos personales de los usuarios y mantiene el portal visible en Google.
Consultoría de Gobernanza TI — COBIT — Auditoría de la gobernanza y gestión de tecnologías de información bajo el marco COBIT, alineada a los lineamientos de la SGTD y los requisitos de la Contraloría General de la República.
